Crisis en El Amanecer: la justicia prohíbe nuevos ingresos tras graves hallazgos en Pablo Nogués

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizó una inspección de urgencia en la comunidad terapéutica El Amanecer, ubicada en Pablo Nogués. Aquella jornada de monitoreo destapó un cuadro alarmante: usuarios hacinados, administración irregular de psicofármacos, internaciones compulsivas sin protocolos y el funcionamiento de un establecimiento sin habilitación ni provincial ni municipal. A raíz de estas denuncias, que incluyeron la desaparición de un joven durante más de tres meses, la CPM llevó el caso ante la justicia.

Monitoreo e irregularidades: un panorama de vulneración de derechos

Fue a media mañana del 12 de marzo cuando los miembros de la CPM ingresaron a El Amanecer. A simple vista, la casona de techo bajo y pasillos angostos no difiere demasiado de otras casas de salud clandestinas; sin embargo, sus puertas ocultaban un verdadero tormento para quienes allí estaban internados. Los inspectores constataron:

• Hacinamiento extremo: las habitaciones estaban repletas de camas improvisadas, con más de cuatro personas compartiendo un espacio que, según la normativa, debería alojar a dos. El calor era sofocante y el escaso mobiliario dejaba poco espacio para la circulación.

• Falta de habilitación sanitaria: ni la Provincia de Buenos Aires ni el municipio de Malvinas Argentinas habían otorgado permiso alguno para funcionar como comunidad terapéutica. La ausencia de esa autorización implicaba que no contaban con controles básicos de higiene, seguridad ni protocolos de emergencia.

• Internaciones compulsivas y violencia institucional: varios testimonios recogidos describieron traslados forzados de pacientes sin orden judicial ni consentimiento informado. El uso de psicofármacos —en dosis y combinaciones no registradas— aparecía como método para someter a quienes se resistían. En algunos casos, se documentó que la medicación se administraba sin receta médica y fuera de horarios establecidos, con el fin de forzar la estadía de los internados.

• Ausencia de registros y retención de pertenencias: no existía un libro de actas donde anotar ingresos y egresos. Los inspectores hallaron cientos de documentos personales (DNI, historias clínicas originales, chequeras) retenidos por el personal de la comunidad, impidiendo que los usuarios gestionaran trámites esenciales o hicieran valer sus derechos básicos.

• Protocolos de tratamiento inexistentes: El Amanecer carecía de protocolos de abordaje para adicciones o trastornos mentales alineados con la Ley Nacional de Salud Mental. Ni siquiera disponían de un equipo interdisciplinario: no se encontró registro de psicólogos, trabajadores sociales o psiquiatras con licencia vigente. La contención emocional y el seguimiento terapéutico brillaban por su ausencia.

Al concluir esa jornada, la CPM elaboró un informe con cada uno de estos puntos y elevó la causa al Juzgado de Familia 6 de San Martín, a cargo de Alejandro Brissolese, solicitando la inmediata suspensión de nuevos ingresos a la institución. Sin embargo, el magistrado rechazó ese pedido inicial, argumentando que correspondía recabar más pruebas.

La apelación y la medida cautelar: 90 días sin nuevos ingresos

Ante la negativa de Familia 6, la CPM interpuso apelación ante la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Martín. Los jueces Claudio Netti, Verónica Valdi y Daniel Conti revisaron el expediente y, sobre la base de las evidencias aportadas, resolvieron:

1. Prohibir nuevos ingresos a El Amanecer por 90 días.

2. Mantener abierta la investigación para profundizar en otras denuncias, incluyendo la desaparición del joven que estuvo extraviado más de tres meses y cuyo paradero se desconoció en gran parte gracias a la falta de registros de ingreso y egreso de la comunidad.

En el fallo, la Cámara señala que las “graves irregularidades detectadas” constituyen una violación flagrante de la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657) y de las normas sanitarias provinciales y municipales. Asimismo, resalta la “violencia institucional” de las internaciones compulsivas, realizadas sin consentimiento y con el uso indebido de medicación psicotrópica.

Ecos locales y reacciones

En Pablo Nogués y otros barrios aledaños de Malvinas Argentinas, la noticia resonó con fuerza durante la última semana de mayo. Vecinos organizados, agrupados en comités barriales y redes de apoyo a personas en situación de consumo problemático, promovieron una “vigilia simbólica” frente a la entrada de El Amanecer. Allí instalaron pancartas que reclamaban “respeto por los derechos humanos” y exigían que las autoridades municipales colaborasen en un plan de traslado ordenado para los internados.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Malvinas Argentinas difundió un comunicado: aseguró que “no había otorgado habilitación alguna” y que el área de Fiscalización había ordenado clausurar el lugar si persistía la actividad. Sin embargo, hasta el cierre de esta crónica, los inspectores municipales no habían hecho efectiva una clausura total, alegando falta de personal disponible para un operativo conjunto con la Policía Bonaerense.

Los familiares de exinternados también alzaron la voz. Marta, hermana de un joven de 22 años que estuvo en El Amanecer durante tres meses, contó:

“Lo llevaron sin preguntarme, me dijeron que ‘le harían bien’. Nunca apareció un psicólogo para explicarme el protocolo ni me dieron copia de su historia clínica. Cuando volvió, estaba desorientado y medicado en exceso. Aún no sabemos si lo que sufrió fue un tratamiento o un castigo.”

La mirada de la CPM y los pasos a seguir

La Comisión Provincial por la Memoria reiteró su compromiso de seguir el caso “hasta garantizar la reparación de derechos de las personas internadas y saber el paradero de quienes aún no han sido localizados”. Según la CPM, este tipo de instituciones “funcionan como cárceles encubiertas bajo la excusa de la contención de adicciones”.

Los próximos 90 días de veda a nuevos ingresos brindan una ventana para:

1. Reubicar a quienes viven allí en servicios públicos de salud mental o adicciones, regulados y bajo supervisión del Estado.

2. Realizar controles periódicos sobre la infraestructura de El Amanecer, para evitar el “vuelco de actividad” a otras propiedades o barrios cercanos.

3. Profundizar la investigación judicial: además de la desaparición del joven, hay denuncias por abusos verbales, retención de salarios y omisión de atención médica básica.

+ Info en Andar Agencia: https://www.andaragencia.org/dictaron-la-prohibicion-de-nuevos-ingresos-a-la-comunidad-terapeutica-el-amanecer-con-sede-en-pablo-nogues/